Prácticas injustas de las grandes compañías sobre las pequeñas empresas alimentarias
Las pequeñas empresas que se dedican al mundo de la alimentación se enfrentan a las prácticas injustas que las grandes compañías alimentarias llevan a cabo para intimidar a sus proveedores, al menos así se desprende de una investigación realizada por la FSB (Federación de Pequeñas Empresas del Reino Unido), en la que se concluye que existe un nivel alarmante de trato injusto hacia las pequeñas empresas de forma generalizada.
En esta investigación se ha recabado información pidiendo a las pequeñas empresas que proporcionaran ejemplos de las prácticas de pago más comunes con las que han tenido que lidiar y que son impuestas por las grandes compañías. De todo lo recopilado, se nombran cinco prácticas injustas de las grandes compañías sobre las pequeñas empresas alimentarias.
La primera es una tarifa plana que deben pagar las pequeñas empresas para poder tener presencia en una cadena de distribución, tarifa conocida como cargo de evaluación de proveedores o pagos de inversión del proveedor. Como indica su descriptiva, son cargos que se imponen a las pequeñas empresas como requisito para poder entrar en la lista de proveedores, si no se paga se eliminará de esta lista al posible proveedor. Según una investigación, en el Reino Unido unas 260.000 empresas podrían estar realizando este tipo de "pago para ser proveedor". Se podría pensar que la posición de poder que tienen estas grandes compañías facilita este tipo de prácticas que se podrían asociar a una organización delictiva, una especie de pago de "impuesto revolucionario".
La segunda práctica injusta señalada son las condiciones de pago excesivamente largas. En el año 2011 la UE emitió una directiva en la que se requería a todas las empresas a pagar a sus proveedores en un plazo no superior a 60 días, o en caso de superarlo, pagar los correspondientes intereses sobre el dinero adeudado, siempre que no sean abusivos. Esta segunda opción ha sido beneficiosa para las grandes compañías, ya que han prolongado el pago hasta los 90 o 120 días, lo que se traduce en un préstamo con apenas intereses que al final asumen las pequeñas empresas.
Una tercera práctica habitual señalada como injusta es la superación de los acuerdos de pago, además de tener que soportar condiciones de pago excesivamente largas, cuando llega el día no se realiza el pago en los términos acordados y se posponen o se cambian los términos de forma retroactiva. Esto se suele llevar a cabo cuando una gran empresa tiene intención de suavizar su balance, pero las consecuencias las pagan las pequeñas empresas o proveedores.
Otra práctica habitual es pedir un descuento por pronto pago, son descuentos que imponen las grandes compañías, por ejemplo, si una empresa acuerda con su proveedor el pago a 120 días tras la recepción de la factura, se aplica un descuento automático del 3% si paga antes de que se cumplan los 120 días (puede ser perfectamente el día 119). La última práctica señalada por la Federación de Pequeñas Empresas del Reino Unido es el descuento en retrospectiva. Parece ser que algunas empresas intentan aplicar descuentos retroactivos al dinero que adeudan a sus proveedores, lo que implica cambios en el contrato acordado inicialmente, es decir, los contratos con estas grandes compañías se pueden considerar papel mojado. En este tipo de descuentos, las grandes empresas recurren a amenazas como la exclusión de la lista de proveedores, la retención de los pagos, etc.
El presidente de la FSB explica que los consumidores desconocen el tema y los problemas a los que se enfrentan las pequeñas empresas, son prácticas inmorales que se están convirtiendo en algo habitual. Son muchas las empresas que tienen que aceptar los términos abusivos impuestos por las grandes compañías. Aunque se habla del Reino Unido, este tipo de prácticas en mayor o menor medida, posiblemente se den en otros países comunitarios. Como decíamos al principio, este tipo de abusos parecen más propios de una organización mafiosa.
Recordemos que en el presente año, la Unión Europea manifestaba querer proteger a las empresas alimentarias pequeñas con una serie de medidas que acabasen con las prácticas de las grandes cadenas de distribución y fabricantes. En una relación comercial, la parte más débil (empresa pequeña) depende de la parte más fuerte (grandes compañías), por temor a poner en peligro la relación comercial y por tanto, la pérdida de la actividad económica, ceden a la mayoría de pretensiones. Desde finales del año pasado la Unión Europea ha animado a las empresas a que se suscriban a un código de conducta voluntario, iniciativa cuyo propósito es aumentar la equidad en las relaciones comerciales a lo largo de la cadena de suministros. Las empresas se suscriben a él y se comprometen a mantener las relaciones comerciales de forma justa y sostenible. Como ya hemos indicado en otras ocasiones, el carácter voluntario tiene poco valor.
A través de este artículo de la FSB podéis conocer todos los detalles de la denuncia que realiza esta federación.
Foto | Rick
No hay comentarios:
Publicar un comentario